A 24 horas de la primera marcha contra el Gobierno de Javier Milei, y en medio de la discusión por el protocolo antipiquetes anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la provincia de Buenos Aires anunció que no se plegarán a esas medidas porque “criminaliza las protestas”. Además, cuestionaron la iniciativa al asegurar que “sobrepasa un límite”.
La semana pasada, el gobierno nacional anunció la implementación de un plan “antipiquetes” que denominó “Protocolo de Orden Público”, que apuntará a controlar los posibles cortes y movilizaciones en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Ese protocolo es de estricta aplicación en territorio federal, y cada jurisdicción debe plegarse si es que así lo cree necesario.
En ese marco, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que la provincia de Buenos Aires no aplicará ningún protocolo en la marcha de este miércoles porque “criminaliza la protesta”.
“Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, afirmó el ministro de Kicillof.
Así, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador cuestionó además algunas de los puntos del plan de Bullrich: “Por supuesto que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia. Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”, subrayó.
Bianco explicó que “cierto orden es que no se produzcan desmanes”, aunque sostuvo que “ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, obviamente después hay muchas cuestiones para discutir”.
“Nadie quiere una situación de violencia, de desmanes y de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzcan ninguna de estas situaciones”, añadió.
El ministro bonaerense también rechazó la posibilidad de que a quienes participen de cortes de calles se les quite la asistencia social.
“Creemos que tienen que cobrar los programas que vinculan trabajo y distintas actividades laborales que se realizan en la provincia, lo tienen que pagar en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición”, explicó.
