La situación de los subsidios aparece con fuerza en el tramo final de la campaña. Unión por la Patria lo pone en el centro de la escena y obliga a Javier Milei a jugar a la defensiva por temor a alguna definición desafortunada.
En realidad aparecen dos visiones bastante extremas. Algunos sectores del peronismo insisten con la teoría del “salario indirecto”. Es una idea que usaba Axel Kicillof en su gestión como Ministro de Economía para defender su política de subsidios, que tomó Cristina Kirchner como bandera en el libro “Sinceramente”, y que hasta Sergio Massa incorporó a su vocabulario recientemente.
En esencia, la idea es que los subsidios que “abaratan” las tarifas de trenes, micros, agua, combustibles, peajes y servicios de salud y educación constituyen un “salario indirecto” para las familias.
Desde el CEPA. un centro de estudios cercano ideológicamente al kirchnerismo, estimaron cual la contribución de este salario indirecto para una familia de clase media mensualmente. Ellos concluyen que todo el combo de subsidios suma un millón de pesos y que con la política de desregulación de Milei se perderían.
La idea del salario indirecto naturalmente tiene varios puntos flacos. En primer lugar, es claro que esa montaña de subsidios se financia desde el Estado que, en las condiciones de fragilidad fiscal de la Argentina, presionan a la inflación que, a su vez, impactan en los más humildes. Como un perro que se muerde de la cola.
El otro punto es que esa avalancha de subsidios distorsiona los precios relativos. En otras palabras: vuelven baratas cosas que en realidad son caras. El precio es una información y en general conviene no contaminarlo. Si se quiere ayudar a cierto grupo social es preferible brindarles una suma fija, una asignación, bono social o como quiere llamársele. Con los “precios verdaderos”, el usuario tendría mejor información, optimizaría su canasta de consumo y dosificaría la utilización de servicios que son costosos. Sería un camino más eficiente y equitativo. Con menos derroche. Más justo.
Esta visión compite contra otra también extrema de Javier Milei. Para el libertario, cualquier acto de redistribución de ingresos es un robo. Es una idea que desarrolló en sus inicios de la política y que paulatinamente fue moderando.
Milei logró convencer a sus seguidores más fanáticos que todo impuesto es malo. No cree en que el Estado pueda ejercer un rol para favorecer la igualdad de oportunidades. Su confianza ciega en los mecanismos del libre mercado desafía a los libros más ortodoxos, que en general recomiendan intervenciones gubernamentales para determinados casos donde la mano invisible revela sus límites.
