El Gobierno nacional trabaja en una reforma migratoria con el objetivo de endurecer las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros en el país, aunque el proyecto definitivo todavía no fue enviado al Congreso.
Mientras tanto, distintos diputados del oficialismo y aliados, como los vinculados a Patricia Bullrich y al PRO, impulsan iniciativas individuales que podrían confluir en una única propuesta legislativa.
La idea central es priorizar a los residentes argentinos en el acceso a servicios como la educación y la salud pública. De esta manera, el proyecto contempla que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes y que se elimine la atención médica gratuita en hospitales públicos para quienes no tengan residencia legal.
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo, el presidente Javier Milei ya había anticipado la intención del Ejecutivo de avanzar con una “profunda reforma migratoria”: "Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomados de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos", expresó ante el Congreso.
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni reforzó el mensaje días atrás: "Se está trabajando en una serie de modificaciones en el régimen migratorio. Los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera, y no venir a hacer daño a los ciudadanos que residen en Argentina", sentenció.
Sin embargo, el proyecto aún no fue formalmente presentado, pero se espera que en las próximas semanas el oficialismo lo defina para iniciar el debate parlamentario. La reforma promete generar una fuerte discusión política y social, tanto en el Congreso como en la opinión pública.
