En 48 horas, los choferes de los colectivos que transitan el Área Metropolitana de Buenos Aires cobrarán sus salarios de noviembre y el gremio de la UTA comprobará si las empresas abonaron o no el primer tramo de aumento acordado en las últimas paritarias. Las dudas, con tan poco tiempo de distancia hasta ese momento, están sostenidas en un cruce de argumentos entre el Gobierno nacional y las compañías que operan las líneas de colectivos sobre si hay subsidios suficientes para afrontar el pago completo de los sueldos.
En instancias anteriores del año hubo antecedentes similares: el sindicato reaccionó con reclamos y medidas de fuerza luego de comprobar que los choferes de colectivos no habían cobrado el sueldo acordado según la negociación salarial cerrada con las cámaras empresarias. Sobre el límite, la discusión vuelve a estar sobre la mesa.
En la Secretaría de Transporte, que encabeza Franco Mogetta, argumentan que “financieramente no deberían tener problema en pagar salarios y aguinaldos” a lo largo de diciembre con la cantidad de subsidios mensuales que está determinada según la última estimación de estructura de costos. “Si no lo hacen, es una decisión de ellos”, aseguraron, en relación a las cámaras de empresas de transporte automotor.
“Estamos al día con las empresas de transporte, abonando los subsidios correspondientes, habiendo actualizado la estructura de costos recientemente, y en diálogo frecuente con las cámaras de transporte quienes articulan con las empresas”, explicaron a Infobae desde la secretaria que conduce Mogetta. “El compromiso que firmaron de paritaria debe ser afrontado por las empresas, ya que son los responsables ante sus trabajadores de abonar los sueldos”, continuaron.
En números concretos, las empresas deberán el jueves pagar 80 mil pesos de aumento a los choferes, ya que la negociación paritaria firmada con la UTA ante la Secretaría de Trabajo determinó que el salario básico suba a 1.140.000 pesos desde noviembre, a pagar en diciembre.
El problema es que esa paritaria se firmó entre empresas y Trabajo, pero la cantidad de subsidios disponibles para financiar parte de la estructura de costos se negocia en otra ventanilla. Así, el acuerdo salarial llegó a la semana clave para su concreción y las empresas continúan con su postura de que hace falta un nuevo recálculo general para determinar una partida adicional de subsidios y así evitar una situación de crisis en el sistema de transporte de colectivos en el AMBA. Desde la UTA, dijeron que “tienen dudas” sobre si las empresas realizarán el pago total acordado pero que algunas de ellas anticiparon que están en condiciones de hacerlo.
“El Estado nacional se ocupa de fijar tarifa para las líneas nacionales, la cual ha sido actualizada durante todo el 2024 en un 615 por ciento. Previo a asumir la gestión actual, la tarifa (atrasada) cubría solo el 8% de los costos de las empresas de transporte urbano. Hoy en día cubren un 35%”, argumentaron desde Transporte, al afirmar que no tiene margen de -en lugar de aumentar la partida de subsidios- reajustar tarifas.
Desde una de las cámaras involucradas discuten ese punto y mencionan que la última estructura de costos formalizada (que es publicada en el Boletín Oficial cuando se determina) corresponde a octubre, cuando la paritaria con la UTA aún no había sido firmada. Así, faltaría una actualización de noviembre que confirme, según esta postura, que sería necesario un aumento de tarifas o más subsidios.
Cualquiera de esas dos medidas traería consecuencias. Uno podría ser inflacionario: el transporte público tiene una incidencia de 4% en la ponderación total del índice de inflación, y de 3,32% en el transporte automotor. Pesa así más que otros como bebidas no alcohólicas, costos de electricidad, gas y agua, gastos de prepagas, telefonía o internet.
Y, por otro lado, podría ser fiscal, ya que un gasto de subsidios adicional implicaría unos 6.000 millones de pesos solo con el aumento de diciembre, aunque hay otros acordados para enero y febrero. Los cálculos que hacen en las cámaras es que el costo total que tiene el funcionamiento del servicio de colectivos es de unos 220 mil millones de pesos, de los cuales la mitad corresponde a salarios.
Desde Transporte mencionan que detectaron irregularidades que implican un uso innecesario de subsidios para sostener la operatividad del sistema, como “más de 1.600 colectivos que se subsidiaban y no circulaban”. También apuntaron que “se traspasaron a CABA 32 líneas que circulan dentro de su jurisdicción, pero que se hacía cargo en una parte el Estado nacional”. “En esa línea, el trabajo con el sector automotor es permanente y los conflictos de este estilo suponen una cuestión privada”, completaron.
Hace dos semanas, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CAEP) envió pedidos de reuniones con las autoridades de transporte de Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. “El sector se encuentra atravesando una de las peores crisis de su historia y un desfinanciamiento inédito que imposibilita el normal funcionamiento de las empresas prestatarias de los servicios”, mencionó el pedido de audiencia oficial.
