La denuncia por abuso sexual a un funcionario público de La Plata fue archivada por la justicia penal de La Plata. Según reportó el sitio Capital 24, el juzgado no pudo acreditar la versión de la denunciante.
En ese marco, la mujer había dicho que tanto ella como sus dos hijos varones habían sido víctimas.
En tanto, el abogado platense Marcelo Peña aseguró que el funcionario denunciado ya formuló una presentación contra su ex mujer, a modo de respuesta. La mujer ya no se encuentra en Argentina. El letrado destacó que se llevó a los dos hijos.
El abogado representa en el expediente al padre de los chicos, a quienes ya no pudo volver a ver. Junto a la vía penal, también interviene el juzgado de Familia 6 de La Plata, a cargo de la jueza María del Rosario Rocca.
En ese marco, Peña recordó que presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y agravar las penas por falsas denuncias de violencia de género que suelen realizar mujeres a sus ex parejas varones.
La iniciativa busca castigar con penas de prisión las falsas denuncias. Y en ese marco, halló un sólido aval en el Congreso nacional. Al menos 15 diputados nacionales apoyaron la iniciativa.
El trámite legislativo va a paso firme camino a la sanción de la modificación del Código Penal para los delitos de falsa denuncia y falso testimonio. Aún debe ser dirimido en comisiones.
"Queremos que quede claro que, a partir de ahora, estas acciones podrían ser castigadas con una pena efectiva", remarcó Peña, quien plantea penas de prisión efectiva para quienes realicen denuncias falsas en el ámbito familiar.
Según recordó el sitio Capital 24, Peña aduce sanciones tanto para hombres como para mujeres que utilicen estas prácticas con fines personales, "aunque las penas están dirigidas a ambos progenitores, en el 90 por ciento de los casos las denuncias falsas provienen de mujeres que, por motivos económicos, patrimoniales o por despecho, alegan situaciones inexistentes que afectan la salud mental de los hijos".
Peña aseveró que la reincidencia en este tipo de denuncias es un aspecto que también abordan en el proyecto, con el objetivo de generar un efecto disuasivo: “Queremos que quede claro que, a partir de ahora, estas acciones podrían ser castigadas con una pena efectiva, sin posibilidad de suspensión del juicio a prueba. Un precedente importante fue el caso Góngora, en el que, en contextos de género y familia, se limitó la suspensión. En situaciones donde las denuncias falsas agravan el estado psicológico de los niños, no se puede actuar con indulgencia".
“Cuando se apunta a la falsedad, empiezan a generarse roces en todo lo que es la estructura interna del poder judicial, los jueces de familia no resuelven hasta tanto no terminan archivadas las causas, y eso puede demorar un año o año y medio. Pasa en los falsos delitos de abuso o de contexto de violencia de género, sin perjuicio de que algunos magistrados en la esfera familiar no quieren resolver una resolución de forma expeditiva hasta tanto no está resulta la cuestión penal, pero sucede que el derecho penal no es expeditivo y genera que los niños sean rehenes del sistema”.
