El Gobierno disolvió la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
Mediante el decreto 727/2024, el Ejecutivo nacional eliminó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 durante el Gobierno de Néstor Kirchner.
En ese marco, argumentaron que la unidad tenía “acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”.
En esa línea, señalaron que se trata de herramientas que “violentan nuestro régimen constitucional”.
A continuación, se apunta que “corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial”.
Según explicaron, por tal motivo, se creó “en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la 'Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado'”.
La UEI tenía como objetivo fortalecer la labor de la CONADI mediante la búsqueda de hijos de desaparecidos y personas nacidas en cautiverio, y así poder restituir su identidad. De esta manera, la Unidad Especial de Investigación, con la autorización del Poder Ejecutivo, podía investigar y acceder a archivos públicos.
