En la Legislatura Bonaerense se analiza un proyecto presentado por el diputado platense Ariel Archanco vinculado a la información de las facturas de servicios públicos.
“Los prestadores de servicios públicos domiciliarios deberán enviar a sus usuarios la factura correspondiente a la prestación del mismo con una antelación suficiente a su vencimiento no menos a los 10 días”, se detalla.
“En el caso que el prestador de servicios públicos no envíe la factura con la debida antelación, dará derecho a que el usuarios pueda reclamar un nuevo envío de la factura con la antelación indicada, con una nueva fecha de vencimiento y sin ningún tipo de interés”, agrega luego el proyecto.
En ese marco, se manifiesta que “cuando los prestadores deban remitir la factura correspondiente a jubilados y pensionados lo harán obligatoriamente en formato de papel, salvo que los usuarios expresamente elijan el modo telemático”.
Así, la elección de la modalidad elegida para la obtención o recepción de la factura podrá ser realizada por el usuario cuando así lo requiera y con el único requisito que la decisión se formalice mediante declaración jurada frente al prestador.
En otro orden, se subraya que los prestadores deberán notificar a sus usuarios cualquier modificación en el cuadro tarifario con una antelación no menor a los 30 días y en la factura anterior al incremento tarifario.
En caso de incumplimiento por parte de la empresa prestadora, dará derecho a que el usuario pueda reclamar el 25% del monto de la factura indebidamente enviada o confeccionada.
Finalmente, el proyecto de Archanco señala que en las facturas y oficinas de las empresas deberá figurar el siguiente cartel: “Todo usuario tiene derecho a reclamar una indemnización si la empresa que le presta el servicio público domiciliario no le envía la factura en el formato elegido o no notifica con la antelación debida cualquier incremento tarifario”.
