Ubicada el corazón del Golfo de Guinea, en el continente africano, la República de Annobón es una isla paradisíaca que contrasta con la crisis humanitaria que enfrenta su población.
En la década de 1970, dos epidemias devastadoras de cólera y sarampión sacudieron al territorio. En ese entonces, el gobierno ecuatoguineano quedó bajo la lupa por la condición de la población.
El dictador de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías Nguema, deportó en 1976 a todos los hombres annoboneses a la isla de Fernando Poo, donde fueron esclavizados y sometidos a condiciones inhumanas. La isla quedó desolada, mientras las mujeres sufrían los abusos de los milicianos.
En la década de los 80, el régimen firmó contratos y Annobón funcionó como un vertedero de residuos tóxicos y nucleares.
Aunque lograron declarar su independencia en 2021, desde la República aún señalan que viven bajo abandono, aislamiento y militarización bajo el actual régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
En estos momentos, después de esa cruda historia, los annoboneses no cuentan con agua potable. Informan que las fuentes están contaminadas y los habitantes deben realizar largas travesías en busca del recurso.
También explican que tienen un gran déficit en materia sanitaria y educativa. La carencia de medicamentos, productos de higiene y servicios de salud, así como la falta de un sistema de educación, agravan la situación.
Asimismo, indicaron que sufren discriminación étnica e institucional por parte de la dictadura: son marginados y perseguidos en su propio territorio por las fuerzas militares.
Como si fuera poco, todo ello hace que vivan en condiciones de vida inhumanas. Se trata de diversas problemáticas: extrema pobreza, escasez de alimentos, vivienda precaria y falta de oportunidades económicas.
Por todas estas razones, comunicaron que la República de Annobón necesita una respuesta urgente de la comunidad internacional. Pidieron acciones para que el gobierno de Guinea Ecuatorial respete los derechos humanos, brinde ayuda humanitaria y permita el desarrollo independiente de la isla.
Asimismo, requieren intervenciones coordinadas para garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable, atención médica, educación y condiciones de vida dignas. Además, expresaron que es crucial abogar por el cese de prácticas perjudiciales como la discriminación étnica y la degradación ambiental.
