Luego del anuncio de la implementación del protocolo anti-piquetes de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticiparon que no aceptarán ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.
En ese marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar expresó: "Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”.
Además, consideró que las medidas "están orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas." "Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos", sumó.
El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte y por los artículos 14, 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
“Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, agregó Aguiar.
Los detalles del protocolo “anti-piquete” serán dados a las 16:45 por la ministra de Seguridad, quien fue impulsora de los protocolos Antipiquetes y sobre utilización de armas de fuego que rigieron y fracasaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
Luego de resaltar el slogan “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó este jueves por la mañana que el nuevo protocolo recaerá contra quienes “corten vías de circulación” e incluirá “severas sanciones a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos”.
El diseño de las medidas con las que el gobierno de las libertades restringirá las manifestaciones fue diseñado por la titular de la cartera de Seguridad que durante su campaña a presidenta hizo de la prohibición de los cortes una bandera.
Inclusive organizó un acto frente al Puente Pueyrredón, en donde se comprometió a “impedir los acampes y manifestaciones” y a “garantizar la circulación” por ese acceso que une la provincia con la ciudad de Buenos Aires.
Pero el antecedente más concreto de Bullrich data de cuando ocupó por primera vez el cargo que ostenta ahora.
Por esos días creó dos protocolos, uno antipiquetes para criminalizar la protesta social y otro sobre el uso de armas de fuego policiales, basado en la doctrina Chocobar y chocando de frente contra las recomendaciones de Naciones Unidas.
