En medio de la denuncia por grooming y abuso contra una docente platense, la Legislatura Bonaerense avanza con una reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires que involucra a los ciberdelitos.
La semana pasada obtuvo media sanción en el Senado, y buscan que también pueda prosperar rápidamente en Diputados.
Así, el proyecto busca que se incorpore el artículo 496 bis, del Libro II, Título III, al mencionado Código.
“Quien ostente un interés razonable en la prevención de un daño, estará legitimado para deducir la acción preventiva de daños prevista por las normas de fondo. El proceso se regirá enteramente por las reglas del proceso sumarísimo, salvo lo dispuesto en el inciso 3) y la excepción del inciso 7), la cual deberá estar debidamente fundada”, señala el nuevo artículo.
A su vez, existe un ítem dedicado a los Medios digitales o informáticos: “En caso que el daño se produzca por medios digitales o informáticos, el juez deberá evaluar especialmente la extensión y duración del daño, a los efectos de identificar las medidas que efectivamente protejan los derechos del peticionante. Las medidas podrán alcanzar a los motores de búsqueda, redes sociales, y cualquier persona humana o jurídica que esté en condiciones de hacer prevenir, hacer cesar o disminuir el daño”.
En los fundamentos, se explica: “El Código Civil y Comercial de la Nación incorpora la función preventiva de daños. Para ello, establece el deber general de no dañar, así como el deber genérico de prevención de daños. Este último se comprende de dos facetas: prevenir que un daño surja y disminuir la magnitud de un daño ya acaecido”.
“Para que la respuesta sea realmente preventiva (ya sea impidiendo que un daño surja o disminuyendo su magnitud) el proceso debe ser lo más breve posible, acorde a lo que dice reconocida doctrina. Por esta razón se establece el procedimiento sumarísimo como vía para la acción preventiva. Asimismo, se establece la posibilidad del dictado de medidas provisorias, de oficio o a pedido de parte, antes de la sentencia, cuando así se considere necesario, habida cuenta la gravedad del daño y la urgencia del caso concreto”, agregó.
En otro pasaje, se señala que “la normativa prevé su aplicación a los casos en que los daños se producen o agravan por el uso de medios informáticos o redes sociales. La capacidad de multiplicación y agravamiento que tienen los medios informáticos y redes sociales los convierte en un eje transversal”.
“Gran parte de los daños se realizan por estas vías, especialmente hacia mujeres y niños, niñas y adolescentes, y población LGBTIQ+, generando muchos casos de discriminación (en ocasiones múltiple o inter seccional) registrados por la jurisprudencia”, agrega.
“En función de la protección de Derechos, el juez podrá disponer toda medida que estime pertinente para eliminar, en la mayor medida posible, el acaecimiento de un daño, su agravación o perduración. Los motores de búsqueda y redes sociales se encuentran mencionados explícitamente ya que gran parte de las medidas los tienen como destinatarios, en virtud de encontrarse en condiciones de eliminar el contenido dañoso y/o arbitrar los medios necesarios para evitar la multiplicación, propagación y/o agravamiento del daño o impedir el daño. Para determinar la medida provisoria o identificar la acción requerida en la sentencia que efectivamente prevenga el daño, el juez deberá tomar en cuenta la extensión y duración del mismo, en relación a las condiciones del peticionante”, completa los fundamentos del proyecto que ahora deberá debatirse en Diputados.
