La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por los acontecimienos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. El fallo la sentenció por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio conocer su sentencia condenatoria de 10 años, a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada preventivamente.
En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidenta, quien se define como “presa política”.
La ex presidenta interina Jeanine Áñez es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y que para ella es un “legado de la ignominia, el abuso y la persecución política”.
Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año, pues según las autoridades existía “riesgo de fuga” y pese a que su defensa exigió la presencia física de la exmandataria en el tribunal en el que se desarrolló el caso.
Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, le acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidenta le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.
La ex mandataria interina presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio que fue instalado en abril de este año y que fue aplazado en al menos dos ocasiones debido a sus crisis de salud y algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos de la corte encargada del caso.
En principio la Justicia le abrió una causa por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un “golpe de Estado”.
De ese caso se derivó el proceso “golpe de estado II”, por el que ayer fue condenada.
