Un día antes de la firma del dictamen, tanto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo como de la ley de los 1.000 días, un grupo de diputadas y senadoras avanzaron sobre la posibilidad de introducir cambios que garanticen los votos a favor y la consecuente aprobación en ambas cámaras.
En Diputados, donde se someterá mañana a discusión y votación en el recinto, el pronóstico es una leve ventaja a favor. En el Senado, en cambio, se vislumbra un virtual empate, por lo que las posibles modificaciones podrían terminar de definir el voto de al menos tres legisladores.
Uno de los ajustes que se discuten es bajar el plazo para la realización de la práctica (de diez a tres días) desde el momento en que la mujer embarazada lo solicita. De esa manera podría también reducirse en los hechos la semana límite para la realización del aborto, que el texto oficial establece en la semana 14 de gestación.
Quienes impulsan y defienden el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo analizan también incluir la cláusula de objeción de conciencia institucional, es decir que aquellos establecimientos privados que no acepten realizar la práctica puedan excusarse y derivar a las pacientes a otras instituciones. La objeción de conciencia fue un tema de fuerte debate dos años atrás y lo sigue siendo.
Finalmente, también hay quienes piden que las niñas-jóvenes de entre 13 y 16 años deban estar acompañadas cuando se realicen un aborto.
