El plan postpandemia contempla una batería de medidas, entre ellas, el descongelamiento de los servicios públicos a partir de 2021. Pero esta vez los incrementos por el consumo de gas y luz que tanto castigaron a las familias y a las empresas entre 2016 y principios de 2019 no serán iguales para todos. La Secretaría de Energía retomó la idea de la "sintonía fina" y en esa línea ya trabaja en un esquema de actualización de precios estratificado.
En Energía hablan de una "reestructuración tarifaria". Ocurre que el objetivo del titular de la cartera, Darío Martínez, es comunicar una suba discriminada, donde el Estado aporte más o menos subsidios según la realidad económica de los hogares.
Esto es, habrá una parte importante de la población que no deberá pagar el aumento de luz y gas, ya que esa suba la absorbería el Estado con subsidios. El Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza - último dato del Indec- no tenga que hacerse cargo al menos durante 2021 de los ajustes en las boletas, en medio de la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.
"Vamos hacia un esquema donde trataremos de hacer más eficiente el subsidio. Y la pandemia nos ha dejado herramientas para identificar de una manera más precisa la situación económica de cada uno. Ir a encontrar a esa persona que la está pasando muy mal y ahí ir a asistir con el subsidio. Porque de nada nos serviría intentar cobrar una tarifa a alguien que no la puede pagar. Por eso el IFE, las herramientas de Desarrollo Social, de ANSES y toda la información que tiene el Gobierno nos va a permitir hacer mucho más eficiente el subsidio", sostuvo semanas atrás Martínez.
Así, luego de 3 años de feroces tarifazos (la luz subió 3000% y el gas casi 2.000% de acuerdo a un relevamiento de este portal), desde abril de 2019 los servicios se encuentran congelados. Primero por decisión del ex presidente Mauricio Macri en un año electoral, y luego por la Ley de Solidaridad, sancionada en diciembre pasado en el marco de la grave situación económica que atraviesa el país.
Esa norma vence el mes próximo y ya el secretario de Energía avisó que habrá aumentos para corregir las tarifas. La idea entonces es apartar de esas subas al 40% de los argentinos que no pueden hoy pagar ninguna factura de luz y gas, mientras que el 45% que forma parte de la "clase media", según cálculos del Gobierno, tendría que afrontar un aumento similar al de la inflación general de precios, calculada para 2021 en el Presupuesto de un 29%, pero que para las consultoras será del 48%.
En tanto, el 15% restante de la población de altos ingresos afrontaría una actualización cercana al 70% que reclaman las energéticas por el retraso tarifario. De esta forma, se busca minimizar el impacto de las eventuales subas en los sectores de menores recursos.
