Hugo Icazati, uno de los defensores de Jorge Ríos, el jubilado que mató a balazos a un ladrón en Quilmes, renunció al cargo y a la defensa se sumó el abogado Fernando Soto, el mismo que defiende a Luis Chocobar, el policía que en 2017 mató a un delincuente en el barrio porteño de La Boca.
"Atento a que viendo un programa periodístico, tomé conocimiento de que se incorporaría a la defensa, por decisión del Dr. (Marino) Cid Aparicio un nuevo codenfesor, Fernando Soto, con la intención de darle un nuevo enfoque a la defensa del imputado, muy distinto a la visión que del derecho tiene este letrado, viene por el presente a presentar su renuncia al cargo de defensor que venía ejerciendo a efectos de no entorpecer la estrategia que se le pretende dar al proceso, la cual no comparto", afirmó Icazati en la carta de renuncia que le envió al fiscal de la causa, Ariel Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI ) 1 de Quilmes.
Icazati aseguró que no conoce a Soto pero que no comparte los nuevos lineamientos. "No voy a ser un obstáculo para la defensa", dijo. "La nueva defensa explicará el giro. Esto es algo raro, sorpresivo e inesperado", agregó.
Ante la consulta de si su alejamiento tiene que ver con la vinculación de Soto con la política, Icazati manifestó: "Cada uno trabaja donde trabaja y tiene sus ideas políticas o no. Yo me manejé siempre con el Derecho".
Con la renuncia de este abogado también quedó suspendida la ampliación de la declaración indagatoria que justamente el propio Icazati había solicitado para que esta mañana el jubilado diera por primera vez su versión de los hechos ante el fiscal en los tribunales de Quilmes.
Por su parte, el abogado Soto confirmó hoy a Télam que se sumó a la defensa de Ríos en la causa por el homicidio de Franco 'Piolo' Moreyra, que ahora estará llevada por él y por Cid Aparicio.
Soto trabaja en la Usina de Justicia y fue funcionario del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich en el cargo de Director Nacional de Ordenamiento y Adecuación de las Fuerzas de Seguridad. Fue uno de los redactores del Protocolo de Seguridad que establecía normativas para el accionar de la policía y que recibió críticas por otorgar mayores facultades a las fuerzas de seguridad a la hora de prevenir delitos en la vía pública. El protocolo dio argumentos a quienes pensaban que era un manual del gatillo fácil.
