Este miércoles se conoce el veredicto en el juicio a Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia de Once, que dejó 51 muertos y cerca de 700 heridos en 2012. Los familiares de las víctimas enfurecieron con la decisión del tribunal que permitió que el exfuncionario pueda seguir la lectura por videoconferencia.
En este proceso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 también juzga al exdirector de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) Gustavo Simeonoff. De Vido no estará presente en la definición del juicio en su contra, dado que recibió autorización para seguirla en vivo pero desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido por la causa de Río Turbio.
Antes de la lectura, los magistrados darán a los acusados el derecho de decir sus últimas palabras ante el tribunal que los juzga por defraudación contra la administración pública en el descarrilamiento del tren, agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas.
María Luján Rey evidenció su indignación cuando se confirmó que el exministro no estará cara a cara con los familiares de las víctimas. "Esperábamos que como cualquier procesado estuviera presente al momento de escuchar su condena. Difícil entender que no todos somos iguales ante la ley", publicó la mamá de Lucas Menghini.
"Otra demostración más de las diferencias entre los delincuentes comunes y los poderosos. Confiamos en que mañana la impunidad no se ría de las muertes de la Tragedia de Once", agregó.
De Vido afronta en este juicio un pedido de pena de 9 años de cárcel por parte del fiscal Juan García Elorrio y de 10 años de prisión formulado por las querellas de los familiares de las víctimas y la Oficina Anticorrupción (OA).
La investigación penal contra ambos exfuncionarios había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, al dictar sentencia en diciembre de 2015 en el primer juicio por la tragedia. En aquella oportunidad fueron condenados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (2003-2008) y a Juan Pablo Schiavi (2008-2012) a 6 y 8 años de cárcel, respectivamente.
