Con acusaciones al Gobierno, Julio De Vido realiza su descargo previo a la sentencia por su responsabilidad en la tragedia de Once. "Por arte de magia, o mejor dicho, por arte de Mauricio Macri estoy en el juicio, me hicieron entrar por la ventana", dijo por videoconferencia el exministro K de Planificación, desde el penal federal de Marcos Paz, donde está detenido por otra causa. De Vido se definió como "objeto de una persecución política y mediática" y que, en su consideración, fue enjuiciado por orden del Presidente.
En este proceso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 define además la situación del exdirector de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) Gustavo Simeonoff. De Vido no está presente porque recibió autorización para seguirla por videoconferencia desde el penal federal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido por la causa de Río Turbio.
El exfuncionario K dijo que el jefe de Estado pidió su detención "en forma pública", al igual que el ministro de Justicia Germán Garavano ,y "alguna diputada nacional", en referencia a la legisladora de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
De Vido afronta pedidos de penas de 9 años de cárcel, por parte del fiscal Juan García Elorrio, y de 10 años de prisión, realizado por las querellas de los familiares de las víctimas y la Oficina Anticorrupción (OA).
La investigación penal contra ambos exfuncionarios había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, al dictar sentencia en diciembre de 2015 en el primer juicio por la tragedia. En esa oportunidad fueron condenados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (2003-2008) y a Juan Pablo Schiavi (2008-2012) a 6 y 8 años de cárcel, respectivamente.
El fallo del primer juicio determinó además penas de prisión para varios directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) -que tenía la concesión de la línea- y el maquinista que conducía el tren, Marcos Córdoba. Durante el actual proceso la defensa de De Vido responsabilizó por el accidente a Córdoba, mientras que la Fiscalía y las querellas sostuvieron que el "estrago" fue provocado por la falta de inversión y control del Estado durante la gestión del exministro kirchnerista.
