El Senado Bonaerense convirtió en ley el proyecto que extiende la emergencia económica y tarifaria para las empresas recuperadas. La semana pasada Diputados le había dado media sanción.
En esencia, permite facilidades de pagos, evita los desalojos y también los cortes de los servicios públicos. La emergencia por 18 meses más y con posibilidad de prórroga.
María Rosa Martínez, senadora de Unión por la Patria, indicó sobre el proyecto: “Las empresas recuperadas arrancaron en 1998 pero crecieron fuertemente en el 2001. La mayoría de ellas se encuentran en el territorio bonaerense, y mayormente son productivas, aunque últimamente se han incorporado también servicios de cuidado”.
“La experiencia de estas empresas ha sido reconocidas por otros países del mundo. Es una obligación del Estado tomar en cuenta a este sector económico porque significa una nueva forma de abordar el trabajo en la era de la globalización. Estas empresas también tienen proyectos de radio, de cine, bachilleratos”, destacó la senadora.
En la Cámara de Diputados el debate había sido más picante. Desde el Frente de Izquierda, la diputada Laura Cano había destacado: “Las empresas recuperadas necesitan este apoyo ante la imposibilidad de pagar las facturas millonarias de luz que llegaron. Pero también es cierto que no resuelve la cuestión de fondo y pedimos la expropiación definitiva de estas empresas porque siguen lidiando con el Poder Judicial y el Estado”.
“Hay que combatir el salvase quien pueda del discurso liberal. Los valores de estas empresas y trabajadores están en las antípodas de las ideas de Javier Milei. Las empresas pueden trabajar sin los patrones. Hay que dar vuelta la agenda que nos quieren imponer”, había lanzado también.
La voz disidente la había puesto el liberal Guillermo Castello: “Es un proyecto de privilegios. Va con la línea paternalista del kirchnerismo. Es el populismo más explícito, apelan al sensibilismo”.
“Se olvidan del principio de igualdad ante la ley. El proyecto discrimina al resto de las empresas. Viola los derechos de propiedad. Lo más lamentable es que los populistas no se dan cuenta que estas medidas terminan perjudicando a las empresas que quieren proteger”, había señalado.
Por su parte, Noelia Saavedra, de Unión por la Patria, lo había retrucado: “No apelamos a la demagogia o al sentimentalismo barato. Son trabajadores que se organizan para generar servicios e insumos que han demostrado que son de calidad y eficientes. Los movimientos populares han demostrado que su trabajo funciona”.
En el caso del Senado, acompañaron los radicales, el PRO y también el bloque libertario comandado por Carlos Kikuchi.
