La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sigue avanzando con un proyecto de ley que pretende recomponer el monto de las indemnizaciones laborales, adecuando la tasa de interés aplicable en las sentencias judiciales.
"Se busca que allí donde el empleador se niegue a pagar la indemnización al momento del despido y el caso se judicialice, el monto a cobrar por el trabajador despedido no pierda poder adquisitivo por la inflación acumulada durante el transcurso del juicio", explicaron desde el oficialismo.
La propuesta apunta además a equiparar la tasa que se aplica en provincia con la que actualmente existe en la Ciudad de Buenos Aires, dónde ante las mismas condiciones y circunstancias, un trabajador cobra más por su despido.
"Con la sanción de esta ley se evitará lo que sucede hoy en día en los juicios laborales que ocurren en Provincia, dónde la tasa de interés pasiva genera que al finalizar un juicio de 5 o 6 años, la indemnización que cobra el trabajador sea mucho menor, en términos reales, que la que le correspondía al momento de su desvinculación", señalaron.
En el día de ayer, la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado Rubén Eslaiman, aprobó dicha iniciativa, la cual ahora deberá debatirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La diputada Maite Alvado, autora junto a la diputada Soledad Alonso, expuso los fundamentos jurídicos y económicos sobre la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) al monto del juicio, resaltando que “es urgente y necesario reparar esta injusticia, posibilitando un monto de indemnización que vaya en sintonía con los niveles de inflación que estamos manejando y así evitar la pérdida del valor del crédito laboral, más aún ante la cantidad de despidos que ya están sucediendo”.
“Si los empleadores saben que el crédito adeudado perderá valor real con el paso del tiempo, es claro que buscarán todas las formas de postergar la sentencia judicial lo más posible en el tiempo. De hecho, es común escuchar a los abogados especializados en la defensa de empleadores tener estrategias preparadas para extender tanto como se pueda un juicio laboral”, se explicaba en los fundamentos del proyecto.
Desde el PRO criticaron esta iniciativa. Lo hizo la diputada Florencia Retamoso: “Si este proyecto de La Cámpora se sanciona, tendrá un impacto negativo en toda la cadena productiva de la provincia de Buenos Aires”.
En el 2023, ya la oposición había emitido un dictamen de minoría rechazando la propuesta. Indicaron que dichas regulaciones son competencia del Congreso de la Nación.
Además, habían expresado que “en un contexto económico desfavorable para todo el sector productivo, atentaría contra aquellos Pequeños y Medianos Productores que aun en el peor escenario siguen apostando al trabajo y la producción”.
