El oficialismo aceptó reformular el artículo primero donde establecen siempre los objetos de una ley, que había sido rechazado la semana pasada cuando la sesión pasó a cuarto intermedio, y hoy se decidió reconsideración esa votación con el consenso de la mayoría de los bloques parlamentarios.
Este estratégico artículo se aprobó con 183 votos contra 5 y 16 abstenciones (bloque justicialista) y establece que el régimen de responsabilidad fiscal se aplicará en los delitos previstos en el Código Penal cometidos por personas de capital extranjeros con o sin participación estatal.
También se modificó el artículo sobre multas y ahí se mantuvo que el mínimo será de un 0,5 por ciento pero el máximo se disminuyó del 20 al 10 por ciento, de los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito.
Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de 12 meses anteriores a la comisión del delito o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, serán sancionadas con multa de entre el 0,5 y el 10 por ciento -también se rebajó a la mitad- de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito.
POLÉMICA POR EL CASO ODEBRETCH
El diputado nacional de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez y su par del Frente para la Victoria-PJ, Rodolfo Tailhade, protagonizaron un fuerte contrapunto, luego de que el legislador de Cambiemos aseguró que el oficialismo quiere saber los nombres de los funcionarios implicados en la causa Odebrecht y advirtió: “No estamos entregando a nadie, más que a los culpables de actos de corrupción”.
Al defender la redacción original del artículo 37 del proyecto -uno de los más polémicos- que establece que las empresas puedan solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz, Sánchez recordó que “hay cuatro causas penales que investigan a funcionarios del gobierno anterior por el pago de coimas a Odebrecht que hoy están ausentes”, en referencia al ex ministro, Julio De Vido, que no estuvo presente en la sesión. Puntualizó Sanchez que “hace 4 años la justicia no ha avanzado y recién este fin de semana un fiscal federal ordenó un allanamiento contra la empresa Odebrecht” y, dirigiéndose a los diputados del bloque kirchnerista, advirtió: “Saben por qué no quieren que confiesen en la Argentina? porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó que todavía están libres”.
En ese marco, Sánchez destacó la importancia de avanzar en ese artículo, al sostener que la autoridad administrativa "puede hacer un acuerdo para que la empresa, que ya no tiene nada que perder, dé los nombres". Señaló además que con este artículo “se puede ayudar a esclarecer casos de corrupción”, con lo cual "el pueblo argentino se los va a agradecer: muchachos, no estamos entregando a nadie más que a los culpables de actos de corrupción”.
A su turno, Tailhade rechazó la redacción de ese artículo y dijo que “es mentira que no se pueden investigar para atrás porque lo que quieren es negociar las 4 o 5 causas en la que está implicado el presidente (Mauricio) Macri, a la vez que advirtió, dirigiéndose a Sánchez: “No me va a correr con la corrupción Sánchez. Lo único que falta es que me corra él con la corrupción que se va a trabajar con (Gustavo) Lopetegui y (Mario) Quintana a la Jefatura de Gabinete”.
Acusó además a Sánchez de haber sido uno de los que “apretaron” a los diputados cuando pidieron en la última reunión de comisión de Legislación Penal, a la presidenta de ese cuerpo, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), que difunda los nombres de los legisladores que no estaban presentes en ese plenario: “No me asusta eso”, dijo.
